El sector minero español padece un grave estigma desde hace varias décadas debido a los graves impactos ambientales que supuestamente provocan este tipo de actividades. La situación ha llegado a tal extremo que actualmente es prácticamente imposible desarrollar una nueva actividad minera o ampliar una existente, y ello es debido no solo a la férrea oposición de los colectivos conservacionistas y de cierto sector de la sociedad, sino a la actuación de las propias administraciones, que legislan, gestionan y prescriben de tal modo que es muy difícil cumplir los requisitos legales y administrativos. Pero la realidad es que las actividades mineras no son, objetivamente, tan impactantes como para merecer ese trato, y, dado que son absolutamente imprescindibles, necesitamos revertir esta situación.
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