Política social para la infancia en escenarios de violencia: el caso del fanvi en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2011-2014

• Lina María Aguirre Rodríguez ^[1] ; Ignacio Camargo González ^[2]
  1. [1] Universidad de Guanajuato

     Universidad de Guanajuato

     México

     
  2. [2] Universidad Autónoma de Chihuahua

     Universidad Autónoma de Chihuahua

     México

     
• Localización: Región y sociedad, ISSN-e 2448-4849, ISSN 0188-7408, Vol. 29, Nº. 69, 2017, págs. 31-68
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Social policy for children in scenes of violence: the case of fanvi in Ciudad Juarez, Chihuahua, 2011-2014
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  • Texto completo
• Resumen
  • español

    El objetivo de este artículo es comprender, desde la perspectiva del actor, la implementación del fideicomiso Fondo de Atención para los Niños y Niñas, Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen. Se utilizó el enfoque de la teoría fundamentada, para entrevistar a madres (viudas) y abuelas de los niños incluidos o marginados de esta política. Los resultados principales fueron que se obstaculizó y se excluyó a muchos niños que tenían derecho a recibir la ayuda del programa, debido a disposiciones informales de los funcionarios públicos; que las abuelas y las madres biológicas tuvieron que enfrentar el dilema de mantener o ceder la custodia legal de los niños y que los medios masivos de comunicación lucraron con el dolor de estas familias y, de manera subsidiaria, visibilizaron las deficiencias de la implementación de este programa en un contexto de violencia estructural y criminal.

  • English

    The objective of this article is to understand, from the perspective of the actor, the implementation of a trust called Fund for the Care of Boys and Girls, Children of the Victims of the Fight against Crime (fanvi, acronym in Spanish). Using the approach of grounded theory, unstructured interviews with mothers (widows) and grandmothers of the children included or marginalized in this policy were conducted. The main results were: many children who were eligible for program assistance were excluded due to informal arrangements of civil servants; grandmothers and biological mothers had to face the dilemma of maintaining or transferring legal custody of children; and the mass media profited from the pain of these families and, secondarily, they exhibited deficiencies when implementing this program in a context of structural and criminal violence.