La actividad u omisión del Estado en el cumplimiento de cualquiera de sus tres funciones -administrativa, legislativa o judicial � puede causar daños a los ciudadanos que deberían ser reparados por él. La realidad nos está demostrando, con demasiada insistencia, que la Justicia en España no está funcionando bien. Tras complejas y eficaces investigaciones y actuaciones de los cuerpos policiales, son muchos los asuntos conocidos en los que o bien las penas prescriben, o se conceden indultos por causas inexplicables o las penas se ven sensiblemente rebajadas debido a retrasos injustificados en la Administración de Justicia.
A través de estas páginas se pretende concretar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y su cuestionada extensión a la víctima del delito. Comenzando por determinar qué ha de entenderse por �funcionamiento anormal de la Administración de Justicia� se abordará cuál es la responsabilidad del Estado, para terminar analizando la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, su efecto reductor sobre la pena impuesta y la posibilidad de que la víctima del delito pueda exigir algún tipo de compensación a quien tiene la obligación de actuar con justicia, eficacia y dentro de los plazos razonables.
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