Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, se ha llevado a cabo una verdadera democratización de la iniciativa legislativa, en aras de otorgar mayor legitimidad a esta potestad y huir de la opacidad y falta de participación de los verdaderos sujetos a los que van dirigidas las normas, los ciudadanos. A nivel local, como Administración más cercana, será fundamental la adaptación a las nuevas obligaciones instauradas, para la efectiva participación con todas las garantías de los destinatarios de las normas, los vecinos.
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