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Cannabis y salud pública: del bien jurídico al bien político

  • Autores: Xabier Arana Berastegi
  • Localización: Las sendas de la regulación del cannabis en España / coord. por David Pere Martínez Oró, 2017, ISBN 978-84-7290-809-3, págs. 386-400
  • Idioma: español
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  • Resumen
    • español

      La jurisprudencia hace referencia a la «salud pública» como bien jurídico en los delitos relacionados con drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

      Sin embargo, ese bien jurídico ha sido construido con base a criterios muy alejados de los derechos y libertades propias del Estado social y democrático de Derecho. En el caso del cannabis, un análisis de los motivos por los que esta sustancia se incluyó en los convenios internacionales en la materia (generador de conductas violentas, delictivas y la denominada «teoría de la escalada»), con los conocimientos actuales es algo que no se sostiene. Más aún, en un contexto donde varios estados de Estados Unidos y Uruguay han optado por políticas públicas sobre el cannabis donde el protagonismo del Derecho Penal queda prácticamente anulado. Ello evidencia que para defender la salud pública en relación con el cannabis, como se hace con otras sustancias, existen otras políticas posibles, mucho más respetuosas con los Derechos Humanos y sin generar tanto sufrimiento.

    • English

      The case law refers to «public health» as the legal interest in crimes related to toxic drugs, narcotics and psychotropic substances. However, such legal interest has been created on the basis of criteria which are very distant from the rights and freedoms inherent to a social and democratic State subject to the rule of law. Regarding cannabis, the reasons which motivated the inclusion of the substance in the international conventions in this field (which generated violent and criminal conducts, as well as the so-called escalation theory) cannot be maintained based on present knowledge. Even less so in the context where various States within the United States and Uruguay have applied public policies by which the prominence of Criminal Law is virtually annulled. This shows that in order to defend public health with regard to cannabis, and other substances, there are other possible policies, much more respectful of human rights and that do not cause so much suffering.


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