El dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve sobre el reparto competencial entre la Unión y sus estados miembros para la celebración del proyectado Acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur. Sin embargo, la relevancia de esta decisión transciende más allá del propio acuerdo, al ser la primera vez que el Tribunal se pronuncia sobre la delimitación de competencias para la conclusión de los tratados de libre comercio «de nueva generación» impulsados por la Unión tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como son, por ejemplo, el CETA o, el actualmente embarrancado, TTIP; el dictamen, de este modo, constituye un elemento clave para el desarrollo de la nueva política comercial y de inversiones de la Unión. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que el Acuerdo UE-Singapur debe ser concluido como un acuerdo mixto , en la medida en que incluye compromisos sobre protección de inversiones extranjeras distintas a las directas , un mecanismo de arreglo de diferencias inversor-estado, y disposiciones institucionales relativas a materias de competencia compartida .
Requerirá, por tanto, para su entrada en vigor el consentimiento de la Unión y de todos sus estados miembros
Opinion 2/15 of the Court of Justice of the European Union solves the question of the division of competences between the Union and its member states for the conclusion of the free trade agreement between the EU and Singapore. However, the importance of this decision goes beyond the agreement itself; this is the first time the Court has ruled on the delimitation of competences for the conclusion of the «new generation» free trade agreements promoted by the Union after entry into force the Lisbon Treaty, such as CETA or the currently stranded TTIP.
Thus, the opinion is a key element for the future development of the Union’s new trade and investment policy. The Court of Justice has ruled that the EU-Singapore Agreement should be concluded as mixed agreement, because it includes commitments on the protection of investments other than foreign direct investments, an investor-state dispute settlement mechanism, and institutional arrangements relating to matters of shared competence. It will therefore require the consent of the Union and all its member states to enter into force
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