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La desestatización de la función jurisdiccional en los procesos concursales de las entidades de intermediación financiera y de valores.

    1. [1] Universidad Católica del Uruguay

      Universidad Católica del Uruguay

      Uruguay

  • Localización: Revista de Derecho: Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay, ISSN 1510-3714, ISSN-e 2393-6193, Nº. 6, 2011 (Ejemplar dedicado a: Revista de Derecho), págs. 75-108
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • De-nationalization of the Jurisdictional Role in the Bankruptcy Proceedings of Financial Intermediary and Securities Institutions.
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Resumen. El presente trabajo trata sobre los cambios introducidos por las leyes 18401 y 18627, que confiaron los procesos concursales de bancos, bolsas de valores y otras personas afines a personas jurídicas que no integran el Estado. Esto supone una violación a la Constitución, que indica taxativamente qué sujetos pueden desarrollar la función jurisdiccional, y la establecen como un cometido exclusivo del Estado, a cargo, en principio, del Poder Judicial. Estas innovaciones legislativas inconstitucionales afectan los derechos procesales de deudores y acreedores concursales, al extremo de ver comprometida la existencia misma del debido proceso, el que no puede asegurarse fuera de los tribunales estatales designados por la Constitución.

    • English

      Abstract. This paper deals with the changes introduced by Laws 18.401 and 18.627, which entrusted the bankruptcy proceedings of banks, stock exchanges and other related persons, to non-governmental entities. This is a violation of the Constitution, which specifies who are the subjects that may develop the Jurisdictional role, establishing it asan exclusive performance by the State, mainly by the Judiciary. These unconstitutional legislative innovations affect the procedural rights of debtors and creditors in bankruptcy, to the point of compromising the existence of the Due Process, which cannot be assured out of the State courts designated by the Constitution.


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