La Unión Europea tiene pendiente una regulación sobre el traslado del domicilio de las sociedades entre los Estados miembros, con el objeto de simplificar los procedimientos y requisitos de estas operaciones y, al mismo tiempo, evitar traslados ficticios y el uso abusivo de las «empresas buzón» con finalidades de evasión fiscal, blanqueo de capitales o dumping social.
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