Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, las remisiones realizadas por las normas sectoriales al procedimiento sancionador, deben adaptarse a esta norma en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución española. En el presente artículo analizamos esta concreta incidencia en el ámbito de regulación de las actividades económicas en Galicia.
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