Resumen de Constitucionalización de la muerte civil como una medida que coadyuve al pago de la reparación civil de los funcionarios públicos sentenciados por el delito de corrupción. “Reforma del artículo 41 de la Constitución Política”

Wilfredo Uscamayta

• español

  Considero “razonable” que se imponga la “muerte civil” (interdicción civil) a los sentenciados por corrupción que se nieguen a pagar las reparaciones civiles que adeudan al Estado, “Es decir, la muerte civil será perpetua hasta que paguen la deuda con el Estado”, no se trata de un tema de “prisión por deuda”, como dice el Dr. César San Martín Castro, actual juez supremo, debido a que la reparación no es una deuda, sino una obligación de carácter legal como consecuencia dela comisión de un delito que ha ocasionado un perjuicio al Estado. Por consiguiente creo que es absolutamente viable la constitucionalización de la muerte civil, todo ello en la posibilidad de garantizar y asegurar en el tiempo la referida institución en vista de que la sola legalización (ley) de la misma es fácilmente vulnerable. Según la unidad del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la reparación impuesta por delitos de corrupción ha sido de más de S/. 1 400 425 453,58, de los cuales han sido pagados solo S/. 19 686 100,20, monto equivalente al 1,3 % del total. La diferencia a pagar da como resultado la suma total de S/. 1 424 742 653,38.

• English

  The author considers “reasonable” to apply the “civil death” (civil interdiction) to the persons sentenced for corruption crimes who refuse to pay civil reparations owed to the State. “That is, civil death will be perpetual until the debt to the State is paid”. It is not a matter of “imprisonment for debt” as stated by Dr. César San Martín Castro, current Supreme Judge, due to the fact that the reparation is not a debt but a legal obligation resulting from the commission of an offense that caused damage to the State. It is therefore absolutely feasible to constitutionalize the civil death in order to guarantee and ensure the said institution in time as the mere legalization of it is easily vulnerable. According to the Council of Legal Defense of the Peruvian State reported that the reparations imposed for corruption crimes exceed S/. 1.400’425.453,58 from which only S/.

  19’686.100,20 were paid, equivalent to 1.3 %. The balance due amounts S/. 1,424’742.653,38.