Esta regulación afecta a todos los transportes por carretera, tanto de pasajeros como de mercancías; entre otros, autobuses, camiones, ambulancias, o servicios alternativos al taxi (VTC)Se trata de una regulación que limita la competencia, resulta innecesaria y desproporcionada, y que termina perjudicando a los usuarios finales. Entre otras restricciones, los operadores deberán tener todos los vehículos matriculados en España, los autobuses interurbanos verán limitada la posibilidad de rebajar sus tarifas, o, para el transporte de mercancías (camiones), se deberá contar con una flota mínima. Además, la norma sigue reservando a la Administración la creación de servicios de transporte terrestre de viajeros, que se prestan en régimen de monopolio. También reconoce a las asociaciones empresariales un papel especial para colaborar con la Administración, pero no a los usuarios, lo cual es discriminatorio
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