Entra en vigor el 23 de mayo y supone el cambio más importante en la regulación de la privacidad y protección de datos en los últimos 20 años. Ninguna compañía, con independencia de su tamaño o sector es ajena a la norma. Las sanciones por su incumplimiento pueden alcanzar hasta el 4% del volumen global anual de la empresa o 20 millones de euros.
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