El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que comenzará a aplicarse el 25 de mayo, establece que las organizaciones que tratan datos personales deben realizar un análisis de riesgos con el fin de establecer las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos y libertades de las personas. En aquellos casos en los que los tratamientos impliquen un riesgo alto para la protección de datos, el RGPD dispone que esas organizaciones están obligadas a realizar una evaluación de impacto.
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