En este capítulo se analiza la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma tributaria que tuvo lugar durante la tramitación de dicha reforma en el año 2014. En particular, se revisan de manera crítica los argumentos que se ofrecieron para sostener la inconstitucionalidad tanto del llamado sistema de renta atribuida, como de las nuevas potestades fiscalizadoras que se le reconocen al Servicio de Impuestos Internos mediante el establecimiento de una cláusula general antielusión. Se descartan esos argumentos porque, a juicio del autor, la Constitución no contiene –como tampoco otras normas de rango constitucional– un detalle de la política tributaria, ni de las formas jurídicas que puede adoptar dicha política, como suponen los argumentos de inconstitucionalidad que se dieron.
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