Santiago, Chile
El artículo revisa la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Caso Cascada desde varios puntos: la naturaleza de las sanciones administrativas y su relación con el Derecho penal; los diversos usos que puede tener el principio de proporcionalidad; y el reducido efecto de la declaración de inaplicabilidad cuando la gestión pendiente es un contencioso administrativo. Se sostiene aquí que la decisión rompe con la distinción entre sanciones administrativas y penas, vigente en Chile, renunciando el Tribunal Constitucional a su teoría de los matices y a la obligatoriedad de los principios del "ius puniendi". Además, el órgano de control constitucional aplica incorrectamente el principio de proporcionalidad, y resuelve la inaplicabilidad del modo en que lo haría el juez de la gestión pendiente, esto es, como un contencioso de mera legalidad contra el acto administrativo sancionatorio.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados