Cuando el Ejecutivo judicializó el procés no calibró las consecuencias de enterrar la vía política. La euroorden de Pablo Llarena contra Carles Puigdemont ha obligado a Europa a tomar partido y al Gobierno a luchar, inesperadamente, contra la internacionalización del conflicto catalán. Mientras, el bloqueo en el Parlament, debido a las prisiones preventivas decretadas por el juez del Supremo, está teniendo una peligrosa traslación en el Congreso de los Diputados, pendiente de un 155 que, de alargarse, pone en riesgo los Presupuestos y la legislatura de Mariano Rajoy. Sólo una investidura efectiva en Cataluña sacudiría el tablero para poner en orden las piezas.
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