Durante mucho tiempo, los Estados han tolerado todas las infracciones de las industrias de contenidos digitales, ya se trate de fiscalidad, de propiedad intelectual o de vida privada. Había que “moverse rápido y romper cosas”, según las palabras de Mark Zuckerberg. No obstante, la relación de fuerzas con las potencias públicas se tambalea. La cuestión ya no radica en saber si se regulará la actividad de estos grupos, sino en cómo y en beneficio de quién.
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