La entrada en vigor de la LCSP ha obligado a las Administraciones Públicas a tomar múltiples decisiones y a efectuar numerosos cambios en la organización y procedimientos de contratación para luchar contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. Se examina el diseño de un procedimiento tipo para la gestión de los conflictos de intereses siguiendo las recomendaciones de la Guía práctica de Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública, así como la línea ya desarrollada por alguna Comunidad Autónoma
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