Resumen de La "irrecurribilidad" ante la jurisdicción contencioso-administrativa de las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria y el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley
- español
El presente estudio tiene como objeto analizar si la imposibilidad de que las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria se revisen en vía judicial por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa pudiera suponer una vulneración del artículo 24 de la Constitución española, en concreto, del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley. En este sentido, pese a concluirse la constitucionalidad formal de dicha previsión normativa, se cuestiona que el desplazamiento al orden penal del control de legalidad de tales liquidaciones constituya la mejor opción desde una perspectiva técnico-jurídica, al llevarse a cabo por órganos judiciales no especializados en el ámbito tributario y que, por tanto, no son los naturalmente competentes por razón de la materia. El enjuiciamiento de las liquidaciones vinculadas al delito de defraudación tributaria por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa ofrecería mayores garantías a los justiciables, coadyuvando a la consecución de una auténtica tutela judicial efectiva.
- English
The aim of this paper is to analyze whether the fact that tax assessments related to tax crime cannot be submitted before the tax jurisdiction constitutes a violation of article 24 of the Spanish Constitution and, particularly, of the fundamental right to a legal predetermined judge. In this line, notwithstanding the formal constitutionality of that provision, the author questions whether the assignment to the criminal court of the legal control of these tax assessments represents the best option from a technical and juridical point of view, taking into account that these judges are not specialized in taxation; and, consequently, they are not the originally competent ones by reason of matter. In the author's opinion, taxpayers guarantees' would be more respected if tax assessments related to tax crimes could be submitted before tax jurisdiction, which would mean the achievement of a true effective judicial protection.
