Pedro Alarcón, Renata Mantilla
En la redacción de la Constitución Política de la República del Ecuador del año 2008 confluyeron diversos actores y movimientos de la sociedad civil que contribuyeron, además, a posicionar un modelo de discurso para abordar la relación sociedad-naturaleza. La iniciativa Yasuní-ITT epitomiza los fundamentos donde se asienta ese discurso como, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Cuando el gobierno, en el año 2013, decidió de manera unilateral dar por terminada la iniciativa se tornó evidente un cambio en la dirección del discurso ambiental. Como consecuencia de este viraje, sectores sociales representativos retiraron su apoyo al gobierno. Los intentos teóricos que pretenden sustentar al ‘nuevo’ discurso del gobierno sugieren un tipo de prácticas en línea con la mercantilización de la naturaleza. En esta lógica, el discurso ambiental se concibe como una disputa de sentidos, una lucha semiótica por posicionar conceptos desde distintas perspectivas y se argumenta que el cambio del discurso ambiental del actual gobierno pretende justificar un modelo de desarrollo basado en el extractivismo
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