Políticas públicas y violencia en México: a incidencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

• Jaqueline Garza Placencia ^[1]
  1. [1] Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)(México)
• Localización: Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales, ISSN-e 2341-0485, Vol. 3, Nº. 5, 2015 (Ejemplar dedicado a: La violencia y sus rostros en Iberoamérica), págs. 55-66
• Idioma: español
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    En el año 2006 el gobierno federal de México declaró la conocida “guerra contra el crimen organizado”, a partir de la cual asignó un rol central a los elementos de seguridad mediante el uso excesivo de la fuerza. Esto provocó un considerable aumento de víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos que no han sido atendidas adecuadamente por el Estado. No obstante, en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) lograron articularse los familiares de las víctimas con organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones religiosas, colectivos artísticos y medios alternativos. El propósito era cambiar el discurso oficial que consideraba que las víctimas eran un “daño colateral”. De esta manera se les dio visibilidad en el espacio público para exigir justicia e incidir en las políticas públicas. Este artículo se enfoca en las políticas públicas que se diseñaron e implementaron tras las mesas de diálogos del MPJD con el Ejecutivo Federal entre junio y octubre de 2011. El texto analiza la formulación de la Ley General de Víctimas (LGV), así como los memoriales que se crearon para las víctimas

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    In 2006, the federal government of Mexico declared a “war on organized crime” that resulted in granting government security the use of excessive force. This provoked an increase in crime victims and human rights violations that have not been adequately addressed by the State.However, the Movement for Peace with Justice and Dignity (MPJD) began by connecting human rights organizations, religious organizations, art collectives and alternative media with the relatives of victims. They strive to challenge the official discourse that considered the victims “collateral damage” by giving visibility and demanding justice for the victims in a public space and influencing public policy.This article focuses on public policies that were designed and implemented following MPJD dialogues with the Federal Executive between June and October 2011. The text examines the formulation of Ley General de Víctimas (LGV) and the proposals of memorials to victims