El anuncio, efectuado por el Ministerio de Defensa, de la suspensión de la exportación de armamento de alta precisión al régimen wahabita traía como respuesta la amenaza de suspender sustanciosos contratos con empresas españolas. La rectificación llegaba pronto, pero el asunto ponía en primer plano la moralidad de esta clase de operaciones y la falta de control público sobre las exportaciones de armas, especialmente a países que no respetan los Derechos Humanos.
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