Los nuevos requerimientos normativos de transparencia y buen gobierno que derivan del modelo de gobernanza impulsado por la UE, así como los controles impuestos por la nueva contratación pública, especialmente en materia de conflicto de intereses, constituyen un andamiaje lo suficientemente sólido como para forjar no solo un cambio cultural que anteponga el principio de integridad sino también una gestión eficiente de los recursos públicos.
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