El objetivo del presente trabajo radica en analizar el impacto del mandato establecido en el artículo 27.2 de la Constitución española y cómo este merece ser aprehendido en su desarrollo constitucional no solo a través de la legislación española y de la interpretación operada por los órganos jurisdiccionales nacionales, sino también por el hecho derivado de nuestra pertenencia a Europa y, más ampliamente, por la apertura internacional en materia de derechos humanos de nuestro ordenamiento constitucional en clave de «Constitucionalización del Derecho internacional» o de «Internacionalización del Derecho constitucional».
De la proclamación de los valores superiores que consagra la Constitución en su artículo 1.1 deriva, lógicamente, la importancia de su fiel observancia en la esfera de la vida ciudadana, como expresión normativa de la pretensión moral de la sociedad democrática y de la propia Constitución que tan altamente los proclama.
La igualdad como valor y su traslación al ámbito educativo, en sus diversas manifestaciones, se convierte en exigencia de primer orden en la tarea de hacer vivencial la propia Constitución.
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