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Resumen de Autoría y participación en el derecho sancionatorio administrativo. Hacia una topografía del problema

Jaime Couso Salas

  • español

    La potestad de la Administración de imponer sanciones no penales está limitada por el principio de legalidad. Conforme a este principio, sólo la ley puede determinar el ámbito de lo sancionable. Ello asegura que las sanciones sean previsibles para los particulares, y que las decisiones de la Administración no sean arbitrarias ni infrinjan el principio de separación de poderes. ¿Se desprende de ahí un límite a la posibilidad de la Administración de sancionar a quienes, sin haber ejecutado directamente la infracción, tuvieron una relevante influencia en su perpetración? La respuesta a esta pregunta es problemática. La dogmática penal sobre autoría y participación puede ofrecer algunos criterios válidos, pero las diferencias entre el Derecho penal y el derecho sancionatorio administrativo exigen soluciones diferentes. En particular, el rol de la Administración en la implementación de las políticas públicas definidas por el legislador, y las especiales características de la moderna legislación administrativa, abren mayores espacios a la Administración para extender las sanciones a los intervinientes de primer orden, aún si no ejecutaron directamente la infracción.

  • English

    The administrative agencies’ power to impose non-criminal sanctions is limited by the principle of legality. According to this principle, only the legislature can decide the scope of sanctionable violations. This way, foreseeability of sanctions is guaranteed to the citizens, and decisions of the administrative agencies are kept from becoming arbitrary or from breaching the principle of separation of powers. Does this prevent the Administration from sanctioning those who, without having directly committed the violation, have had a significant influence on this outcome? The answer is problematic. Criminal law doctrine on principals and accessories may offer some valuable criteria, but the differences between Criminal Law and Administrative Sanctions Law demand different solutions. Specially, the role of administrative agencies in the implementation of public policies defined by the legislature and the special features of modern administrative legislation open a wider space for the administrative agencies so as to reach with their sanctions the most senior perpetrators, even if they did not directly commit the violation.


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