El referéndum del 4 de febrero de 2018 aprobó la evaluación de las autoridades de l Estado que fueron designadas durante el ex - gobierno de Rafael Correa con la Revolución Ciudadana. El desgaste de la institucionalidad clientelar, la ruptura al interior del partido de Alianza País, más los escándalos de corrupción, contribuyeron a una opinión pública crítica que se manifestó, mediante las urnas, la r evisión de las altas autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio fue la encargada del proceso evaluatorio en un convulsionado contexto de crisis política. Los nuevos consejeros, designados en ternas por el ejecutivo y el legislativo, y, en sus primeros seis meses, han venido evaluando a las principales autoridades del país con un respaldo mayoritario de la ciudadanía. No obstante, el proceso no ha estado exento de duras críticas; entre las principales, encontramos concept os amplios y abstractos, como la legalidad y la legitimidad de sus actuaciones en su periodo transitorio.
The referendum of February 4, 2018 approved the evaluation of the state authorities that were appointed during the ex - government of Rafael Correa with the “revolución ciudadana”. The erosion of the institutionality, the rupture within the Alianza País party, and the corruption scandals, contributed to a critical public opinion that was manifested through the polls, the revision of the high au thorities. The “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” was in charge of the process in a convulsed context of political and economic crisis. The councilors, appointed in thirds by the executive and the legislature and, in its first six months , have been evaluating the main authorities of the country with a majority support of the citizens; however, the process has not been without criticism.
Among the main ones, we find broad and abstract concepts, such as legality and the legitimacy of their actions in their transitory period.
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