La firma del Concordato de 1851 entre la Iglesia católica y el Estado español suponen el paso inicial para la normalización de sus relaciones tras un siglo de crispación y enfrentamiento. El proceso desamortizador había quebrado definitivamente el tradicional equilibrio de fuerzas, quedando desde ese momento el control del patrimonio eclesiástico en manos del Estado. Como contrapartida, el Ministerio de Gracia y Justicia arbitraría la distribución de fondos a cada una de las diócesis españolas para las obras de reforma o edificación de sus establecimientos religiosos por medio de las Juntas Diocesanas de Reparación de Templos. Del análisis de su funcionamiento en la diócesis de Guadix-Baza podemos hallar elementos extrapolables a otras áreas respecto a las especiales condiciones para el diseño y ejecución de construcciones religiosas durante la segunda mitad del siglo XIX.
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