Francisco Eusebio Puerta Seguido, Jesús Punzón Moraleda
A la luz de la nueva Ley 9/2017 la contratación pública se vislumbra como un instrumento estratégico para conseguir, más allá de obras, servicios o suministros necesarios para satisfacer los fines de la Administración, una potente herramienta jurídica que, puesta al servicio de los poderes públicos, ha de procurar el desarrollo de políticas que promuevan y protejan valores fundamentales, en particular, la inclusión social, la redistribución de la riqueza, la igualdad y la justicia. De esta manera ha de concebirse una contratación pública con un valor social hoy irrenunciable.
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