La figura del contrato menor ha vivido cambios trascendentales tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, pero la falta de una regulación concreta en algunos aspectos sustanciales, está provocando una gran inseguridad jurídica a los gestores públicos como garantes de la legalidad. En este artículo se analiza el nuevo contenido imprescindible en el expediente del contrato menor y cuáles están siendo los principales elementos de discusión entre las Juntas Consultivas del país al respecto de esta figura.
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