El recurso a la contratación pública para prestar servicios a los ciudadanos y cubrir las propias necesidades de la Administración, así como su posible reversión, exige dilucidar si con el cambio de contratista o concesionario es obligatoria la subrogación de los trabajadores que prestaban la actividad. Cuestión que es preciso resolver sobre todo para preparar la licitación, ya que la visión estratégica de la LCSP ha reforzado las obligaciones de carácter laboral que han de ser consideradas en caso de subrogación y las medidas para garantizar su cumplimiento.
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