La doctrina de los actos propios es una regla lógica, intuitiva y ética que carece de amparo legal expreso pero de tremenda fuerza en la vida administrativa y jurisprudencial. Ni el particular ni la Administración pueden huir de su propia voluntad cuando alimenta la buena fe del contrario. Sin embargo, la Administración cuenta con el valioso aliado del principio de legalidad para zafarse de la vinculación.
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