En España en los últimos años se han producido avances legislativos muy significativos en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer. Por su especial relevancia, destacan la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica y, sobre todo, la Ley Orgánica, 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La presencia letrada en los procedimientos de violencia sobre la mujer se vuelve cada vez más necesaria e imprescindible en esta materia y ello porque la Ley integral exige que los profesionales que participen en el desarrollo de los respectivos procesos judiciales que traigan causa directa o indirecta en la violencia de género, tengan una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz.
In Spain in recent years there have been very significant legislative advances in the fight against violence against women. Due to its special relevance, Law 27/2003, of July 31, regulating the Order for the protection of victims of domestic violence and, above all, the Organic Law, 1/2004, of December 28, measures of Integral Protection against Gender Violence.
The legal presence in the procedures of violence against women becomes increasingly necessary and essential in this matter and this is because the integral Law requires that professionals who participate in the development of the respective judicial processes that bring direct or indirect cause in the violence of gender, have a specific formation that contributes to the professional exercise of an effective defense.
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