Los servicios propios de la investigación privada, aunque se ofertan y prestan, no están definidos normativamente en Colombia.
Conscientes de que se trata de una actividad que alarma a sectores sociales y políticos por su capacidad de incidir negativamente en algunos de los derechos fundamentales, dedicamos este artículo a poner en evidencia que, debidamente regulada, la investigación privada tiene el potencial de contribuir al bien común constituyéndose como un factor coadyuvante de la administración de justicia.
A través de un análisis doctrinal hermenéutico mostramos que la investigación privada tiene un adecuado encaje en el ordenamiento procesal colombiano como medio de obtención y presentación de pruebas válidas con capacidad de reforzar la posición de las partes en distintos procedimientos judiciales.
Private investigation is not regulated in Colombia.
This article is dedicated to demonstrating that private investigation can contribute to the improvement of the administration of justice.
The normative analysis concludes that private investigation fits in the Colombian procedural order and that this activity can be a good instrument for obtaining valid judicial evidences.
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