Andrea Cristina Ramallo Machín
Es evidente que se han alcanzado grandes avances en los últimos años en el campo de la biología genética, pero no significa esto que las modernas técnicas científicas puedan utilizarse sin más para basar sobre ellas la condena o la absolución de un acusado. En última instancia, nos encontramos con un problema de política legislativa. La Constitución de 1978, interpretada por el Tribunal Constitucional, impone un sistema procesal penal revestido de un conjunto de garantías, las cuales pueden chocar en aspectos concretos con el fin de la ciencia natural de alcanzar la verdad de los hechos, y no a cualquier precio, si a un precio distinto al que está dispuesto a pagar el Estado de Derecho. Plantearemos así en el presente trabajo los alcances de esta prueba.
It is evident that there have been great advances in the field of genetic biology in recent years, but this does not mean that modern scientific techniques can be used without further to base on them the conviction or acquittal of a defendant. Ultimately, we find ourselves with a problem of legislative policy. The Constitution of 1978, interpreted by the Constitutional Court, imposes a criminal procedural system covered by a set of guarantees, which can clash in concrete aspects with the purpose of the natural science of reaching the truth of the facts, and not at any price, if at a different price than the one that is willing to pay our Rule of Law. We will propose in this paper the scope of this test.
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