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Resumen de Ámbito subjetivo, organización administrativa y gobernanza en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Julio César Tejedor Bielsa

  • español

    La contratación pública tiene una enorme importancia para el funcionamiento del sector público. Contar con una normativa que, en el marco de las Directivas, permita alcanzar los objetivos primarios y estratégicos de la contratación resulta esencial. Garantizar la obtención de obras, servicios y suministros en condiciones óptimas ha de ser compatible con otros fines ambientales, sociales y económicos y tal es uno de los objetivos fundamentales de la última normativa europea. Pero en España, en parte como reacción a los casos de corrupción que se van conociendo, en parte por pura inercia normativa escasamente reflexiva, nos hemos dotado de una normativa básica extensísima, alejada del propósito simplificador promovido desde la Unión Europea, que dificultará, en lugar de favorecer, el logro de los objetivos primarios y estratégicos de la contratación. La estructura de gobernanza, por lo demás, determina una suerte de tutela del Estado sobre el resto de entes del sector público que, al margen de su débil cobertura competencial, parece poco justificable en el Estado autonómico.

  • English

    Public procurement is of enormous importance for the functioning of the public sector. Having a regulation that, within the framework of the Directives, allows to reach the primary and strategic objectives of the contract is essential. Guaranteeing the procurement of works, services and supplies under optimal conditions must be compatible with other environmental, social and economic purposes and this is one of the fundamental objectives of the latest European regulations. But in Spain, partly as a reaction to the cases of corruption that are becoming known, partly due to purely reflexive normative inertia, we have endowed ourselves with a very extensive basic regulation, far from the simplified purpose promoted by the European Union. This Spanish basic regulation, which will make it difficult, in place to facilitate, the achievement of the primary and strategic objectives of contracting. The governance structure, on the other hand, determines a kind of protection of the State over the rest of the public sector entities that, apart from their weak competence coverage, seems unjustifiable in the autonomous State.


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