C. Marín, Francisco José Alcón Provencio, José Miguel Martínez Paz
Tradicionalmente, los bienes y componentes contemplados por los gestores en los sis-temas agrarios son exclusivamente aquellos que participan directamente en el mercado de valores. Esto implica la existencia de numerosos activos ambientales, así como aspectos derivados del funcionamiento de los ecosistemas, que quedan excluidos de la valoración del socioecosistema agrario. La consecuencia de este hecho es la frecuente devaluación de algunos beneficios o perjuicios generados por la actividad agraria.Los Servicios Ecosistémicos (SE) se definen como los beneficios que el ser humano re-cibe, de forma directa o indirecta, a partir de las funciones de los ecosistemas (Costanza et al., 1997). La clasificación de los Servicios Ecosistémicos establecida por Constanza et al (1997) y confirmada por MEA (2003) sugiere el establecimiento de cuatro tipos de servi-cios: de soporte, abastecimiento, regulación y culturales. Posteriormente, en TEEB (2010) se añade, además, la consideración de la Biodiversidad como el elemento generador del conjunto de SE. Este enfoque es adecuado para el tratamiento de los sistemas y sus relacio-nes desde el punto de vista de la Ecología. No obstante, desde una perspectiva económica, es fácil deducir que no todos los beneficios percibidos a partir del medioambiente son re-flejados en el mercado de valores.Las consecuencias, tanto negativas como positivas, que tiene la producción de un bien, pero no se reflejan en su precio de mercado, se denominan externalidades. La exclusión del mercado de valores de dichas externalidades, como puede ser la emisión de gases de efecto invernadero o la contaminación de ecosistemas, produce un fallo de mercado que deriva de la no inclusión de los bienes públicos en el mismo. Para corregir o reducir este fallo, se lleva a cabo en muchas ocasiones la non-market valuation, que pone en valor los bienes que no se incluyen en el mercado a través de varias metodologías, basadas en las preferencias reveladas o declaradas. De hecho, numerosos trabajos de investigación persi-guen la valoración de los bienes ambientales que el mercado no contempla (Sandhu et al., 2008; Costanza et al., 2014; Costanza et al., 2017).No obstante, debido al alto grado de interrelación de los elementos de un ecosistema, existe el riesgo de la doble contabilidad en la valoración económica de los Servicios Eco-sistémicos. Por este motivo, Fisher et al. (2009), con una perspectiva afín a las ciencias sociales, propone la consideración de servicios intermedios, servicios finales y beneficios. Estos últimos, consecuencia de los anteriores, son los realmente incluidos en la valoración.Para los casos de estudio del proyecto Diverfarming, que barajan la diversificación de cultivos en distintos agroecosistemas, se trata de integrar la información anteriormente presentada. Además, hay que considerar que la diversificación de cultivos lleva implícito el incremento de la biodiversidad del sistema. Existe un amplio consenso acerca de los bene-ficios aportados por la biodiversidad, y los impactos derivados de su pérdida: (1) la biodiver-sidad genera comunidades ecológicas eficientes en cuanto a la producción de biomasa, el reciclaje de materia y los ciclos de nutrientes, (2) aumenta la resiliencia de los ecosistemas, (3) tiene una relación directa no lineal con el buen estado de los ecosistemas, (4) aumenta la productividad y la funcionalidad de los sistemas, (5) la pérdida de biodiversidad entre ni-veles tróficos tiene un mayor impacto que la pérdida de ésta dentro de un nivel (Cardinale et al., 2012). Asumiendo estos principios, es sencillo deducir que el incremento de la biodi-versidad en agroecosistemas puede reportar grandes beneficios en forma de reducción de los aportes al sistema sin que haya una reducción de la producción. De esta manera, se podría perseguir una agricultura más sostenible en la que el balance coste-beneficio siga reportando un margen de ganancias satisfactorio para el productor. No obstante, estos posibles cambios en la toma de decisiones y en la gestión de sistemas agrarios debería lle-varse a cabo siempre a través del consenso y de la inclusión de todos los actores implicados en el sistema (Castro et al. 2011).
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