Al declararse incompetente para anular contratos públicos viciados por corrupción, la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español de 8 de junio de 2018 se aparta de la práctica seguida hasta ahora por los jueces y tribunales penales. Para superar este estado de cosas, el trabajo apunta la posibilidad de anular los referidos contratos a través de la figura del decomiso.
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