Los órganos de contratación pueden utilizar los criterios que dependen de un juicio de valor, con mayor razón, en la nueva ley de contratos del sector público: Resolución nº 137/2017, de 30 de junio de 2017, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Recurso nº 108/2017)