Por medio de la sentencia de 3 de abril de 2018 el Tribunal Supremo ha estimado la reclamación del arrendador de un local de negocio para que se condenara al arrendatario, que sin justa causa había desistido anticipadamente del contrato de arrendamiento, a pagar en su integridad la penalización que había sido pactada en el contrato para ese incumplimiento.
Esta sentencia constituye una muy relevante evolución en la jurisprudencia en esta materia, pues rechaza argumentos que en ocasiones anteriores habían sido acogidos por la corriente jurisprudencial dominante, proclive a moderar las penalizaciones. La valoración realizada en este caso por el Tribunal Supre- mo, favorable a la eficacia en todo su alcance de la penalización, podrá ser invocada por los arrendadores en muchos otros casos, pues la cláusula penal examinada es de las más típicas en arrendamientos de locales de negocio.
En este trabajo se contrasta esta sentencia con la jurisprudencia anterior y examinan las razones por las que fortalece la posición de los arrendadores en estas controversias.
The Supreme Court’s judgment of April 3rd, 2018, has upheld the claim of the lessor of a comercial lease agreement, condemning the lessee, who had unduly early-terminated the lease, to pay entirely the penalty agreed for this breach of contract. This judgment dismisses arguments seeking the reduction of the penalty which had been upheld by the dominant previous case law. The analysis made by the Supreme Court in this case, confirming the full effect of the penalty, might be invoked by lessors in numerous cases in the future, for the penalty clause which has been analysed is typical in comercial lease agreements. This paper examines the keys of this case law and why the lessor’s position in these disputes is stronger after this judgment.
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