La política de competencia no solo tiene la función de controlar a los operadores económicos, sino que también se extiende al logro de una mejor intervención pública, incluyendo una mejor regulación económica. Las autoridades de competencia están especialmente bien posicionadas para analizar la regulación y proponer mejoras regulatorias, principalmente por su especialización e independencia. En España, la autoridad española de competencia ha tenido históricamente un papel destacado, que debe seguir potenciándose.
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