Una de las cuestiones que más debate ha suscitado desde siempre en el ámbito del derecho de sociedades es el relativo a la retribución de los consejeros ejecutivos y, en concreto, en lo que se refiere a la constancia estatutaria de su retribución. De ahí la importancia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 (RJ 2018, 635) y de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante DGRN) surgidas con posterioridad a la misma.
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