Los libros blancos tienen por objeto analizar en profundidad un asunto o una política para asesorar a las partes interesadas, a los órganos legislativos o a los Gobiernos. En materia de ciberseguridad, el Estado es el primer y principal garante de la seguridad en el ciberespacio, pero la práctica totalidad del esfuerzo económico y operativo desplegado para anticipar y hacer frente a ciberataques, así como la innovación, provienen del sector privado, especialmente de aquellas empresas designadas operadores de servicios esenciales y de los operadores de infraestructuras críticas, cuyo funcionamiento es indispensable para el mantenimiento de los servicios públicos. Tanto la Ley de Seguridad Nacional de 2017 como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 respaldan la cooperación público-privada (CPP), pero su materialización precisa una reflexión previa y un debate en profundidad sobre sobre la visión, objetivos, prioridades, métricas y recursos necesarios de esa cooperación. Este ARI aboga por la elaboración de un libro blanco para para estructurar el debate conceptual y, de aprobarse mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, facilitar el desarrollo de las normas jurídicas necesarias para materializar sus objetivos.
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