Resumen de El prestatario, el fiador o el garante en la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
- español
La Directiva 2014/17/UE tiene por objeto establecer el marco normativo de los contratos de crédito para bienes inmuebles. Sujetos de dicho contrato son el prestamista y el prestatario. Con respecto a este último, la Directiva restringe la condición de prestatario a los sujetos que tengan la condición de consumidor. Dado su carácter multidisciplinar, en nuestro país, la competencia para regular en materia de Derecho de consumo resulta compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ello plantea el interrogante de delimitar las relaciones entre la legislación estatal y la autonómica. Respecto de Cataluña, que ha transpuesto parcialmente la Directiva 2014/17/UE, es fundamental analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional 54/2018, de 24 de mayo, que declara inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 20/2014, que introduce un nuevo Título VI en el Libro II del Código de consumo catalán. Por el contrario, la Ley 3/2916, de 9 de junio, de Andalucía contiene una regulación de carácter administrativo, que no colisiona con la legislación estatal. En lo relativo al ámbito subjetivo de aplicación del nuevo texto normativo, el legislador español no ha seguido el criterio de la Directiva comunitaria y fija un ámbito subjetivo de aplicación más amplio, al incluir los créditos hipotecarios concedidos por personas físicas o jurídicas que realicen dicha actividad de manera profesional, cuando el prestatario, el fiador o garante sea una persona física. En consecuencia, para ser prestatario ya no constituye un requisito indispensable ser consumidor. Sin embargo, quedan excluidas de su ámbito de aplicación las personas jurídicas que pudieran tener la consideración de consumidoras al amparo del artículo 3 de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Respecto de la figura del fiador o del garante, Ley prescinde del principio de accesoriedad, de forma que estos sujetos son objeto de protección por sí mismos, no por serlo también el prestatario. El objeto de este trabajo es analizar las figuras del prestatario y al fiador o garante, así como las consecuencias de orden práctico que conlleva la opción asumida por el legislador español.
- English
The Directive 2014/17 / UE aims to establish the normative framework for credit contracts for real estate. Subjects of said contract are the lender and the borrower. The Directive restricts the borrower's condition to the subjects that have the status of consumer. Given its multidisciplinary nature, in our country competence to regulate consumer law is shared between the State and the Autonomous Communities. This raises the question of delimiting the relationship between state and regional legislation. With regard to Catalonia, which has partially transposed Directive 2014/17/EU, it is essential to analyse the Judgment of the Constitutional Court 54/2018 of 24 May declaring certain provisions of Law 20/2014 unconstitutional, which introduces a new Title VI in Book II of the Catalan Consumer Code. On the contrary, the Law 3/2916, of June 9, Andalusia contains an administrative regulation, which does not conflict with state legislation. Regarding the subjective scope of application of the new normative text, the Spanish legislator has not followed the criterion of the Community Directive and sets a subjective scope of broader application, by including mortgage loans granted by individuals or legal entities that perform said activity in a professional manner, when the borrower, surety or guarantor is a natural person. Consequently, to be a borrower, it is no longer an indispensable requirement to be a consumer. However, legal persons who may be considered consumers under Article 3 of the General Consumers and Users Act are excluded from its scope. Regarding the figure of surety or guarantor, Law dispenses with the principle of subsidiarity, so that these subjects are protected by themselves, not because the borrower is also protected. The purpose of this paper is to analyze the figures of the borrower and the surety or the guarantor, as well as the practical consequences that the option assumed by the Spanish legislator entails.
