En España el Estado liberal del siglo XIX impone el principio del contratista interpuesto en la construcción y la explotación de las obras públicas. La legislación administrativa prefiere la ejecución de obras mediante contrato y concesión administrativa, admitiendo excepcionalmente la ejecución directa de las obras por la Administración pública.
In Spain, the liberal State of the nineteenth century commandsthe principle of the interposed contractor for the construction and operation of public works. Administrative legislation prefers the construction of public works for contract and administrative concession, accepting exceptionally the direct construction of public works by the State.
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