El medicamento está sujeto a una estricta regulación e intervención administrativa que se justifica desde el mandato constitucional que impone a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y se desarrolla, en lo relativo al uso racional del medicamento, a lo largo del articulado de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Partiendo de un breve estudio descriptivo de las diferentes fórmulas de intervención administrativa en el sector del medicamento, el presente trabajo se centra en el análisis jurídico de las recientes actuaciones públicas dirigidas al control del gasto farmacéutico, tanto en su vertiente adjetiva o formal (relaciones competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de uso racional del medicamento), como en los aspectos sustantivos de su regulación, que afecta a principios y derechos constitucionales de primera magnitud tales como la protección de la salud, la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema, la libre competencia, la tutela de los derechos de los ciudadanos o la libertad de prescripción de los facultativos del Sistema sanitario público.
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