En el presente artículo se analizan las distintas posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico español para aplicar particularizadamente las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con especial referencia a la revocación y a la acción de responsabilidad por actos del Estado-legislador.
Para el autor, las dudas, discrepancias y problemas jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de las sentencias de dicho tribunal han de someterse al Consejo de Estado, pues así lo impone su ley orgánica.
Se cuestionan los últimos pronunciamientos de los abogados generales del Tribunal de Justicia en lo relativo al diferimiento de los efectos de las sentencias del Tribunal, postulando, además, por medidas encaminadas a la publicidad de ciertos actos relativos al control del Derecho comunitario y a dotar a los mismos de ciertos efectos jurídicos en el Derecho interno.
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