Entre 1760 y 1808, la provincia de Extremadura se debatió entre la conservación de las estructuras tradicionales, herencia de siglos de predomino señorial, y la necesidad de un cambio que la alejase de lo que ya se percibía como una situación de atraso en relación al conjunto de la monarquía. Este dilema produjo tensiones y paradojas. Así, la apuesta por las reformas partió de los ayuntamientos de las principales capitales, reductos de las oligarquías locales, se encauzó a través de la desusada representación en Cortes, pero logró el patrocinio de muy importantes instancias (la intendencia, la Diputación de los Reinos, el Consejo de Castilla…), lo que convirtió las necesidades de la provincia en una cuestión de estado. En este contexto se desarrolló, de hecho, el pleito contra la Mesta, un contencioso que produjo importantes novedades legales y alumbró instituciones como la Diputación extremeña en la Corte y la Real Audiencia de Extremadura. El acceso de Godoy al poder y el surgimiento de una nueva generación de pensadores y dirigentes, entre ellos Meléndez Valdés, lograron la revalorización política de la provincia, proceso que alcanzó su momento culminante con la valiosa diputación enviada a las Cortes extraordinarias de 1810-1813.
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