¿Una regulación que protege a los prestatarios consigue realmente reducir las ejecuciones hipotecarias? En este documento respondemos a dicha pregunta mediante el análisis del impacto que la regulación de ejecuciones hipotecarias tiene sobre las tasas de impago a escala estatal en Estados Unidos. Mediante el uso de un modelo de datos de panel, encontramos un efecto significativo sobre las distintas fases del proceso de ejecución hipotecaria. En concreto, estudiamos los efectos sobre la tasa de morosidad y las nuevas ejecuciones iniciadas, con el foco puesto en tres elementos protectores comúnmente presentes en la legislación estatal: la exigencia de un proceso judicial, la existencia de un período de redención para el prestatario y la prohibición del derecho de recurso para el prestamista. Los resultados muestran que, si bien los Estados considerados protectores presentan tasas de morosidad menores en media, una mayor protección no acaba finalmente repercutiendo en una tasa de ejecución hipotecaria menor. Ante una ley protectora, los prestamistas parecen racionar el crédito para mitigar los mayores costes asociados a aquella, lo que reduce la tasa de morosidad; sin embargo, este efecto es más que compensado por la aparición de un problema de riesgo moral en el prestamista, ya que, una vez que este entra en mora, tiene incentivos para acogerse a la protección debido a los menores costes que asumiría en caso de que se ejecutara su hipoteca. Adicionalmente, encontramos que la crisis reciente del mercado inmobiliario ha exacerbado este comportamiento. Finalmente, se muestra cómo alargar el proceso de ejecución no es la solución a la crisis.
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