El uso de las tecnologías de la información y la comunicación por las Administraciones públicas reporta importantes beneficios, aunque también son algunos los riesgos que puede generar. En particular, el artículo se centra en la exposición de los riesgos que pueden ocasionar para la seguridad de las transacciones y en el análisis de los instrumentos técnicos y jurídicos que existen en la actualidad para hacerles frente.
La utilización de la firma electrónica permite garantizar la autenticidad, la integridad y la conservación de los documentos y, por tanto, es un mecanismo idóneo para garantizar las relaciones telemáticas entre las Administraciones públicas y los ciudadanos.
En el artículo se detallan diversos aspectos relativos al régimen jurídico de la firma electrónica, así como las peculiaridades de su uso por las Administraciones públicas.
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