La publicación en el BOE de 11 de abril de 2006, de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, justifica que a vuelapluma se hagan unos reproches al texto normativo que pretende regular, como indica el primer párrafo de su exposición de motivos «... las obligaciones que incumben a los miembros del Gobierno y a los altos cargos de la Administración General del Estado, para prevenir situaciones que puedan originar conflictos de intereses».
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